LA FRASE

"TODO ESTO QUE ESTÁ PASANDO SON OPERACIONES EN CONTRA MÍA, Y NO ME REFIERO A LAS CIRUGÍAS ESTÉTICAS." (AÍDA AYALA)

jueves, 19 de abril de 2018

PREDICANDO CON EL EJEMPLO


Ayer el tipo le pedía a Macri que afloje la mano con los aumentos de tarifas, como si él acá no hubiera aumentado también el agua o la luz.

Y ayer mismo también, aumentó el transporte interurbano de pasajeros (otro de los precios que regula el Estado provincial) a partir del domingo, un 8,53 % (ver decreto al final del post).

El último aumento había sido en diciembre, hace cuatro meses, con lo cual la pauta de inflación que están manejando para este caso es del 25,59 % para todo el 2018.

Recordemos que a los gremios provinciales les ofrecieron en paritarias un 18 % (que incluía la cláusula gatillo del año pasado, primero en tres tramos y después en dos; con cláusula gatillo a partir de agosto.

Los docentes -grandes usuarios del transporte interurbano para ir a trabajar- aun no cerraron sus paritarias, y los estatales están pidiendo reabrirlas; antes de saber esto del transporte. 

Un módico aporte del socialismo al objetivo de combatir la inflación, y ciudar el bolsillo de los trabajadores.

UNA VICTORIA A LO PIRRO


El gobierno logró ayer hacer fracasar la sesión especial convocada por la oposición para frenar los tarifazos, tema analizado acáSin embargo, la victoria le costó mucho y duró poco: a las pocas horas ganaban la calle en todo el país protestas convocada anteriormente con el mismo fin; acaso potenciadas por lo que había pasado en el Congreso.

Y al igual que lo que había pasado antes con la reforma previsional que modificó a la baja la fórmula de ajuste de los haberes de los jubilados, es seguro que hubo en esas protestas muchos de quienes votaron por "Cambiemos" en las elecciones de octubre del año pasado.

Elecciones que se dieron en un contexto irrepetible (del cual salieron los índices de pobreza que el gobierno dio a conocer hace poco), precisamente porque entonces se habían pausado los tarifazos que luego renovaron su furia, y no se había votado el manotazo a los jubilados.

Desde entonces para acá, el gobierno viene a la defensiva tanto en el Congreso, como en la sociedad: prueba de ello es que ayer mismo, luego de haber conseguido el objetivo de hacer fracasar la sesión especial, tuvo que convocar a la Rosada a los aliados (UCR, Carrió) para discutir una estrategia para salir del atolladero en el que lo colocaron los tarifazos, o hacer como que buscan una, en respuesta al malhumor social y apenas horas después de que el propio Macri ratificara con firmeza la vigencia de las medidas.

Al igual que ocurrió con la reforma previsional, no se trata en el caso de los tarifazos de que el gobierno insista en sostener las medidas para preservar un elemental principio de autoridad, sino porque son centrales en su programa económico; que atraviesa la etapa en la que debe dar muestras de estar decidido a profundizar el ajuste para equilibrar las cuentas públicas y generar recursos excedentes para pagar la deuda; y generar así la confianza en los mercados para que le sigan prestando, y no explote todo por los aires. 

De hecho, con diferencia de apenas horas, eso es precisamente lo que le exigieron a Macri el FMI y el Banco Mundial. Y de paso -como no- que los amigos/testaferros/socios del presidente hagan negocios; claro que el costo político está superando lo tolerable, y se torna gravoso tanto para el gobierno, como para sus aliados formales en "Cambiemos" y los sectores dialoguistas de la oposición.

Si los diputados que responden a los gobernadores del PJ y el bloque massista trataron ayer -en su mayoría, porque hubo excepciones- de aportar al quórum para tumbar los tarifazos, es porque el seguidismo obsecuente del oficialismo en obsequio a la gobernabilidad ya no paga como hasta hace un tiempo: mientras en Diputados se caía la sesión, en Senadores Cristina introducía el tema pidiendo una preferencia para mayo para un proyecto similar al impulsado por Rossi en la sesión fallida, para frenar los tarifazos (ver video en el final del post), ante la mirada silenciosa de Pichetto.  

Nadie puede predecir que pasará la semana que viene cuando la oposición insista con otra sesión especial contra los tarifazos, o en el Senado con el proyecto presentado por Cristina. Es -y acaso seguro- que aun de salir una ley en esa dirección sea vetada por Macri, como lo fue la ley anti despidos, pero no sin pagar costos políticos por eso.

Hasta ayer, Macri parecía estar dispuesto a asumirlos, pero podría estar subestimando la reacción social contra el ajuste (que excede con creces la que se manifestó anoche en los "ruidazos"), o gastando muy aceleradamente su capital político y electoral: nada es para siempre, menos en política.

Y otra vez, entonces, en éste contexto, la pelota vuelve al campo opositor, para redoblar esfuerzos para ocupar con eficacia todos los espacios de lucha para frenar las políticas nocivas del gobierno, desde el Congreso a la calle y el mano a mano con la gente, en la diaria.

Los opositores (los que se asumen como tales, sin complejos) deben escuchar, intepretar y expresar los reclamos y las protestas, y convencer, persuadir, sumar voluntades; demostrando que otro rumbo es posible para el país, frente a un gobierno que ya mostró las cartas: para los maestros de la simulación, ha quedado en claro que lo que hay, es lo que se ve, y no es muy atractivo. Por eso la desesperación de Carrió y los radicales, porque el desencanto empieza a ganar a sus propios votantes.

Sin mezquindades ni vedettismos o ansias de protagonismo, pero con firmeza, con claridad de ideas y con propuestas frente a un gobierno que -lo dijimos hace un tiempo, y los hechos lo vienen confirmando- no tiene futuro para ofrecerle a los argentinos, y les está haciendo pagar muy caro el presente; tanto que no pocos empiezan a añorar el demonizado pasado inmediato.

miércoles, 18 de abril de 2018

NO LLORAR SOBRE EL OLMEDO LEVANTADO

FARMACITY Y LA DOCTRINA BARRAGUIRRE



El caso Farmacity es de palpitante actualidad por estos días, por dos noticias resonantes: primero un dictamen de la Procuración General de la nación dirigido a la Corte Suprema de Justicia que –de compartirse por el máximo tribunal- le permitiría a la cadena que hasta hoy es propiedad de Mario Quintana introducirse en la provincia de Buenos Aires (donde hasta ahora no pudo hacerlo); y por otro lado por el procesamiento de un ex funcionario del Ministerio de Salud de la nación en la gestión de Jorge Lemus por haber “cajoneado” expedientes en los que se propiciaba aplicar sanciones a la firma, por violaciones a la ley de farmacia.

En el caso bonaerense, el dictamen de la Procuración General (en realidad firmado por la procuradora fiscal destacada ante la Corte Suprema Laura Monti, y no por el procurador interino Casal) concluye en que el artículo 14 de la Ley 10.606 de la provincia de Buenos Aires (que establece que las sociedades anónimas no pueden explotar farmacias) es inconstitucional, porque avanza sobre la regulación del comercio; que es una atribución del Estado federal no delegada en las provincias.

Por supuesto que no fue en Buenos Aires en el único lugar del país en el que se planteó el problema: Farmacity ya viene funcionando por ejemplo en Córdoba y la Capital Federal, e intentó hacerlo en al menos dos oportunidades en Santa Fe; la primera de ellas la que dio lugar al Dictamen 1233 del año 2010 del entonces Fiscal de Estado de Binner Jorge Barraguirre; como muestra la imagen que encabeza el post.

Lo curioso del caso santafesino es que el planteo de Farmacity por entonces era abstracto, porque preguntaba si podía instalar una farmacia en la provincia, y no pedía concretamente autorización parta hacerlo; y por esa razón, el planteo fue desestimado por el propio Barraguire y por Binner, mediante el Decreto 2161/11. Sin embargo, el Fiscal de Estado fue más allá y abundó en tazones por las que -a su criterio- Farmacity tenía razón, y si pedía autorización para instalar farmacias en Santa Fe se le debía otorgar. Transcribimos seguidamente algunas partes del dictamen que nos parecen de gran actualidad, con aclaraciones nuestras en negritas:

“El artículo 39 de la ley 2287 ofrece dudas desde su propia redacción. En efecto, la norma empleada el modal “pueden” para definir a los sujetos habilitados para ser propietarios de una farmacia, en lugar de “deben” lo que sí hubiese otorgado un soporte literal a la afirmación que se introduce en el informe de f. 24 in fine cuando se dice que la propiedad de la oficina de farmacia... es indivisible del profesional farmacéutico. Por otro lado, la ausencia de la hipótesis que aquí se discute (esto es, la posibilidad de que establecimientos comerciales se dediquen a la dispensa de medicamentos) no es señal de que estén prohibidos”. Aun en la hipótesis de acordar al vocablo “pueden” una hermenéutica restrictiva - esto es, de exclusión de otros sujetos como propietarios- la Administración se encuentra habilitada para su no aplicación en el caso”. (Es el artículo de la ley provincial de farmacia que establece quienes pueden ser habilitados para instalarlas, de modo casi igual al de la ley bonaerense. Nótese que está planteando que el Estado no lo aplique en el caso de Farmacity)

“En efecto, la interpretación restrictiva que se propicia no se adecua al derecho nacional que eliminó tal restricción, adhiriendo la Provincia por medio de la Ley 10.787 a los principios fijados por las normas del Decreto de necesidad y urgencia nacional Nº 2284/91. En tal sentido y aun cuando se sostenga válidamente que tal adhesión requería de la adecuación del derecho local por la vía de la sanción de las normas que correspondan, resulta suficiente como para no sostener una exégesis restrictiva del precepto cuando la literal no es un óbice”. Por lo demás, casi 60 años después de la sanción de la Ley 2287, por vía del artículo 13 del Decreto 2284/91, se dispuso que “cualquier persona física o jurídica de cualquier naturaleza podrá ser propietario de farmacias, sin ningún tipo de restricción de localización”. Este Decreto no se encuentra pendiente de ratificación, sino que ya ha sido ratificado por una ley del Congreso Nacional (la ley 24307), Es decir que, a nivel nacional, dicho Decreto se encuentra vigente e incorporando al bloque de legalidad en tanto ya ley formal, Dado que se trata de la regulación de derechos constitucionales fundamentales como la propiedad y la libertar de comerciar, no veo como la legislación provincial puede imponerse sobre aquélla”. (La norma nacional que cita es el decreto de desregulación económica de Caballo, un DNU “ómnibus” que regulaba un montón de cuestiones, luego ratificado de camulina por la ley de presupuesto de 1993, y en parte rescatado hace poco en sus fundamentos -copiado sin citar, bah- por Macri en su mega DNU “desburocratizador”. Es decir que el Fiscal de Estado de la provincia aconsejaba autorizar a Farmacity en base a los argumentos de Menem y Cavallo, volcados en un DNU)

“Así las cosas, la interpretación restrictiva parece tener solamente una finalidad comercial y, dentro de ella, de restricción de la competencia lo que constituiría una acción también prohibida en el derecho nacional. Lo cual no parece propio del ejercicio de un poder de Policía de la Provincia en materia de control de un servicio sanitario, sino directamente de reglar el comercio interior, supuesto en que el reconocimiento de poderes concurrentes con la Nación no admite introducir hipótesis de discriminación en relación al acceso a bienes”. (Acá se ve el total paralelismo entre el criterio de Barraguirre, y el del dictamen de la Procuración General de la nación en el caso de la provincia de Buenos Aires)

“No estamos en una situación que sea la primera vez que se va a abrir un emprendimiento farmacéutico a cargo de una sociedad comercial, sino que abundan los ejemplos, incluso en nuestro propio país, donde tales establecimientos ya se encuentran funcionando en esas condiciones; sin ir más lejos, la sociedad comercial impugnante, cuenta con numerosos locales habilitados y funcionando desde hace años en la Ciudad Autónoma de buenos Aires y en Córdoba. ¿No debería ser cuanto menos instructivo observar si esos emprendimientos han producido en la realidad al menos alguno de los variados perjuicios que se hipotetiza que producirán en este caso santafesino?” (El argumento “jurídico” es que Farmacity ya viene funcionando en otras jurisdicciones, sin problemas. No importa lo que digan las normas provinciales que rigen la actividad farmacéutica)

“Lo que subyace a la argumentación de la inspección y del Colegio es otra justificación. Tal como el Colegio sostiene si se otorga habilitación a sociedades comerciales, se abriría la puerta a la generación de fideicomisos, fondos de inversión o pooles destinados a la venta ilegal de medicamentos, al tráfico de drogas y al lavado de dinero. Esta afirmación resulta sorprendente: ¿qué es lo que hace presuponer a la Inspección y al colegio que una sociedad comercial orientada al negocio farmacéutico incurrirá en tamaños desfalcos? Indudablemente opera aquí un prejuicio contra un tipo de asociación comercial (sociedad), que no se encuentra sustentado por ningún material probatorio en las constancias del expediente. Más aún, ¿por qué no podría decirse lo mismo de una farmacia titularizada por un profesional farmacéutico? ¿Qué hay en la condición del farmacéutico titulado que lo distinga radicalmente del empresario, que lo inmunice o “santifique”, que lo abstenga de la propensión a cometer delitos tan graves como los imputados? En mi opinión, no hay nada... más allá del vago prejuicio contra la actividad lucrativa de sociedades comerciales regularmente constituidas a ese fin.”. (La garra que le pone Barraguirre a la defensa de las sociedades comerciales operando farmacias es más propia de un abogado de Farmacity u otras cadenas similares, que del Fiscal de Estado de la provincia, que debe defender sus leyes)

“El colegio alega una diferencia sustancial entre los medicamentos y otros bienes susceptibles de apreciación económica. Dice que “los medicamentos no son mercancías”, y que por lo tanto, no corresponde hablar de cosas tales como “competencia desleal” o “libertad de establecimiento”. Nuevamente, este argumento se revela falaz, Afirmar que los medicamentos son un tipo especial de mercancía, no implica que dejen de pertenecer al género mercancía. Lo mismo cabría decir, por ejemplo, de los alimentos. Dado que los mismos (en condiciones estrictas de calidad) son cruciales para sostener la vida de las personas, son un tipo especial de mercancía. Pero esa diferencia específica no quita que, como género próximo, sigan siendo una mercancía, que se intercambia a cambio de dinero, en establecimientos comerciales instalados y habilitados con ese específico fin de lucro. Descartados los argumentos basados en la interpretación formal de la ley lo que el Colegio parecer pretender es mostrar que está en discusión una dicotomía de modelos de organización y asignación de los bienes sociales los que podrían etiquetarse como capitalismo neo-liberal desregulado v. capitalismo benefactor con redes de protección. Esto se aprecia en los memoriales acompañados al expediente en los que se retrata la pretensión de la recurrente como un avance de la voracidad empresarial sobre los valores últimos del interés público. A mi modo de ver este enfoque es erróneo.”. (El enfoque le parecerá erróneo, pero comparando a los medicamentos con cualquier “mercancía” -y que por ende puede vender cualquiera- hace bien poco por desvirtuarlo)

Tanta enjundia en defender los argumentos de Farnacity para que se le otorgara habilitación para instalar farmacias en Santa Fe derivó en que, cuando en el 2014 presentó una solicitud formal en ese sentido, se limitara a transcribir el dictamen de Barraguirre, señalando que allí estaban expuestas con claridad todas las razones para que se la otorgaran; cosa que fue rechazada por la Inspección de Farmacia, y dio lugar a recursos administrativos interpuestos por la empresa (que seguía siendo propiedad de Quintana), que culminaron con el Decreto 3921 de noviembre de 2016 dictado por Lifschitz que los rechaza, y habilitó la vía judicial.

Lo cual hace oportuno recordar que tras su paso por el gobierno de Binner como Fiscal de Estado, Barraguirre fue designado Procurador General de la provincia a instancias de Bonfatti; y en consecuencia debería dictaminar en el caso de que el reclamo judicial de Farmacity llegue a la Corte Suprema de Justicia de la provincia. ¿Qué hará en tal caso, excusarse por haber emitido opinión con anterioridad sobre el tema, reiterar su dictamen como Fiscal de Estado (en el que además citaba un fallo de la justicia provincial en Rosario en el mismo sentido) o adherirá al dictamen de la Procuración General de la Nación que es igual, pero no tan extenso ni “enjundioso” en defensa de los intereses de la empresa de Quintana?

LAS PATAS DE LA MENTIRA



Los subsidios a las tarifas de los servicios públicos deben haber sido –junto con el “cepo” cambiario y las retenciones- de las políticas más denostadas de los gobiernos kirchneristas, y que todos los opositores de entonces pedían corregir, sino directamente eliminar.

Los argumentos son conocidos: disparaban el déficit fiscal, desalentaban las inversiones de las empresas al no “darles señales de precios”, eran inequitativos por regiones en perjuicio del interior, o por sector sociales subsidiando a quienes no los necesitaban; y fomentaban el derroche de energía, que debíamos importar con la consiguiente necesidad de divisas y el deterioro de la balanza comercial.

Tales razones eran abundantemente replicadas por los medios opositores (hoy oficialistas) y en consecuencia repetidos sin discusión por mucha gente a la que le queman la cabeza las 24 horas, y se la deja quemar: los subsidios “debían terminar” y a la luz, el gas y el agua “hay que pagarlas por lo que valen”.

Sin embargo, una primera pista de la hipocresía (política, mediática y sobre todo social9 al respecto la dio el hecho de que cuando el gobierno de Cristina habilitó a fines del 2011 la posibilidad de que los usuarios de los servicios públicos renunciaran voluntariamente a los subsidios, solo lo hicieron 22.000 en todo el país; y entre ellos no figuraban muchos de sus detractores de entonces, que hoy defienden los aumentos salvajes de tarifas del gobierno de Macri, ni siquiera el propio Aranguren.

Producido el cambio de gobierno, y así como pasó con la eliminación del “cepo” y la mayor parte de las retenciones, el gobierno de Macri (que prometía en campaña y por boca del propio Aranguren, luz gratis para 14 millones de personas consideradas pobres) descerrajó los tarifazos que conocemos, en especial en la luz y el gas, volviendo a dolarizar las tarifas como en el menemato, con los resultados por todos conocidos: las facturas se dispararon a las nubes, haciéndose impagables en muchos casos para las familias, los comercios y las industrias; especialmente las Pymes.

Desde el punto de vista estrictamente económico, ninguna de las premisas en las que se sostenía la necesidad de eliminar los subsidios se cumplió: la producción petrolera y de gas no aumentó sino que disminuyó, las inversiones y el empleo en el sector no crecieron, el consumo no merma o por lo menos no lo hace en la medida brutal de los tarifazos, las discriminaciones por sectores sociales no desaparecieron (los alcances de la “tarifa social” son un chiste), el déficit fiscal es aun mayor que durante el kirchnerismo (y eso sin considerar el sideral aumento del pago de intereses de la deuda) y el déficit comercial bate récord históricos, al igual que las importaciones de combustibles.

Todo eso sin contar que los tarifazos hicieron trizas las “metas de inflación” de Sturzenegger, tanto como el postulado monetarista de que contribuirían a reducir la inflación reduciendo el déficit fiscal y quitando ingreso disponible para el consumo a los hogares, deprimiendo de ese modo la demanda: esto último se verificó, pero como consecuencia de la pérdida de los salarios reales frente a la inflación..

Las únicas que han experimentado mejoras con los tarifazos son las petroleras por los descomunales aumentos de los precios que se les reconocen por el gas en boca de pozo, y las empresas concesionarias de la generación, el transporte y la distribución energética; entre las que revistan por supuesto la de los socios/amigos/testaferros del presidente como Lewis, Caputo o Mindlin.

En este contexto y bajo la idea de “Cambiemos” de crearse su propia oposición pata obturar el surgimiento de una oposición real, salen a la palestra contra los tarifazos los radicales (grandes defensores de la quita de los subsidios, por boca de Ernesto Sanz) y Elisa Carrió, que hasta hace pocos días denunciaba que háckers de la Cámpora se introducían a los sistemas informáticos de las empresas y los ente reguladores, para toquetear las facturas y que arrojaran aumentos mayores que los autorizados por el gobierno.

Nadie en su sano juicio les puede creer, como tampoco se les puede creer a los que despotricaban contra los subsidios, pero no renunciaron a ellos cuando tuvieron la oportunidad de hacerlo; o los que dicen “No me importa pagar la luz o el gas diez veces más, con tal de que no vuelva el kirchnerismo”. Los hay, por supuesto, pero si fueran tanto, los radicales y Carrió no estarían disfrazándose de opositores, porque son parte de su propia clientela electoral.

Y cuando queda clara la mentira de patas cortas que fue la eliminación de los subsidios, desde el gobierno tildan a Cristina de demagoga por presentar un proyecto en el Senado (hay otro de Agustín Rossi en Diputados) para retrotraer las tarifas a enero del año pasado, y suspender nuevos aumentos.

Al fin y al cabo no está haciendo sino estrictamente lo que prometió en campaña y para lo que la votaron (cosa que muchos no pueden decir, como los que prometieron pobreza cero o eliminar Ganancias); y sosteniendo así al mismo tiempo una política que llevó adelante cuando le tocó gobernar, mientras más de uno debe estar pensando a esta altura que tan mal no estaba.

martes, 17 de abril de 2018

SE ROBARON UN PBI, EL DEL 2015



“Hay una condición para que la macro sienta verdaderamente el rebote: que el PBI per cápita supere los niveles de 2015. Hoy está 0,9% por debajo, indica, aunque se espera que a fines este año haya recuperación si se cumplen las proyecciones del presupuesto nacional.(O sea que la economía crece más lento que el crecimiento de la población, y por ende el PBI per cápita sigue siendo más bajo que cuando estábamos a punto de convertirnos en Venezuela)

La rama que acumuló un crecimiento del 14%, muy por encima del promedio es la de menor peso en el PBI -solo representa un 0,4% del total-: se trata de la pesca, que en el Ministerio de Hacienda rescatan por su capacidad de generar empleo en el Interior. A su vez, incluye un producto "hecho en la Argentina" que se está posicionando a nivel global: el langostino, cuya exportación se triplicó en los últimos ocho años, según datos del Ministerio de Agroindustria.(Si no se confirma que somos todos unos pescados, al menos nos queda la chance de dedicarnos a exportar langostinos, pero por lo que dicen, el “boom exportador” venía de antes, parte de la “pesada herencia”)

“La rama de mayor peso en el PBI, la industria, cayó 2,6% en el bienio. En los números totales, tuvo un retroceso del 5,8% en 2016 con respecto a 2015, y en 2017 recuperó un 2,8%, aunque no fue suficiente para volver a los mismos niveles del fin del kirchnerismo.(Es decir que lo que hace grande a un país, tener una industria fuerte, está peor ahora que antes, con los kukas garrá la pala. Sorprendente, en un plan económico que incluye tarifazos, baja del salario real, apertura indiscriminada de las importaciones y altas tasas de interés)

“La producción de alimentos y bebidas -que representa un cuarto del valor agregado bruto del sector total- bajó un 2,1%, arrastrada por la caída del consumo.(Se vende menos de comer y beber que antes, cuanto estábamos mal y al borde del abismo. Debe haber pintado dieta masiva, y estar surtiendo efecto las campañas contra el consumo de bebidas alcohólicas)

La química, entre las de mayor peso y liderada por gigantes como Dow e YPF, descendió un 1,1%.(O sea que la liberación y dolarización del precio de los combustibles, la eliminación de toda restricción para exportar y la quita de las retenciones a las petroleras no derivaron en una mayor producción de combustibles. Habría que probar con otra cosa entonces)

La apertura de las importaciones selló el destino de los industriales más heridos en estos dos años. Fueron los fabricantes de maquinaria de oficina, contabilidad e informática (-39,5%), los de prendas de vestir (-16,7%), de productos textiles (-16,6%) -uno de los sectores que firmaron acuerdos con el Gobierno para mantener puestos de trabajo- y los del cuero y sus productos derivados (-16,2%).(Parece casi como un resultado deseado de las políticas económicas, para eliminar industrias “artificiales e inviables”, como decía Martínez de Hoz. Bueno, de hecho es eso, lo llaman “Plan de reconversión industrial. La pregunta es si además incumplieron con los acuerdos para preservar puestos de trabajo, o los acuerdos eran en realidad para facilitar despidos)

La industria automotriz, por su parte, acumuló una baja del 4%, aunque está "en plena transformación productiva", señala Prieto. Este fue uno de los sectores que más sintieron la caída y el rebote: el primer año tuvo una baja del 14%, y en 2017 repuntó un 11%.(Oia, que casualidad, justo uno de los sectores que firmó un convenio de flexibilización laboral y para el que se sancionaron leyes con rebajas de impuestos, con la promesa de llegar a construir un millón de unidades. Tal vez no estarían funcionando de acuerdo a lo previsto)

“En un escenario de consumo que aún no se recupera, el comercio mayorista y minorista tuvo una suba marginal en los dos primeros años de Macri: 0,1%.(Este sí que sería el famoso rebote del gato muerto. Y decí que mantuvieron la pesada herencia del “Ahora 12” que querían eliminar, sino hubiera sido peor aun)

En los dos años de gobierno de Macri, los números del PBI no siempre coincidieron con las historias de la micro. Cuando se aleja la lupa, detrás de la cosecha récord de 2017 y de picos de venta de maquinaria agrícola se ve un retroceso del 1% en la categoría "cultivos agrícolas" y del 5% en cría de animales.(O sea que con apertura irrestricta de exportaciones, devaluación, quita y rebaja de retenciones y autorización poara no traer nunca las divisas si no quieren ni así logran llegar a la época en la que íbamos a tener que importar trigo, leche y carne)

Otro productor de bienes primarios, la minería, tuvo una caída del 8,7%, arrastrado por la extracción de petróleo crudo y gas natural, presos del precio internacional del barril.(Vale lo mismo que antes se dijo para el campo y las petroleras en relación con la producción de combustibles: obtuvieron todo tipo de beneficios del gobierno, incluyendo acuerdos de flexibilización laboral como el firmado para Vaca Muerta, y no funcionaron. O sea que sería la hora de probar con otras recetas)

La construcción, el quinto sector empleador del país, con 445.100 trabajadores registrados, tampoco terminó de despegar. Según los números del PBI, en estos dos años bajó un 2%.(Pucha, y eso que estallaron los préstamos UVA -ah, no, cierto que son para comprar y no para construir-, se iban a construir un millón de viviendas con el nuevo PROCREAR, lanzaron el Plan Belgrano que era “el plan de infraestructura más ambicioso de la historia”, también firmaron con la UOCA un acuerdo flexibilizador, iban a construir miles de jardines de infantes con la plata del “Fútbol Para Todos” y estaban terminando obras que estuvieron paradas un montón de años. Cuando se entere Gerardo Martínez se cae de culo)

Las negritas son nuestras, el original acá.

DISCULPE, PATRÓN, SI LO MOLESTO


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