LA FRASE

"PARA QUE LA CAÍDA EN LA ESCUELA PÚBLICA FUERA MENOS DOLOROSA, EN SALTA HICIMOS QUE ALLÍ TAMBIÉN SEA OBLIGATORIA LA ENSEÑANZA RELIGIOSA." (JUAN MANUEL URTUBEY)

viernes, 24 de marzo de 2017

HOY MÁS QUE NUNCA, A LLENAR LAS PLAZAS DE TODO EL PAÍS


Cada aniversario del golpe del 76’ estuvo siempre cruzado por los vínculos entre el pasado y el presente, entre el reclamo por memoria, verdad y justicia y su traducción en clave política actual; para interpretar e iluminar cada coyuntura.

Por esas mismas razones los sectores que acompañaron el golpe y se beneficiaron con él fueron siempre particularmente insistentes en apostar al olvido y la impunidad, y a cerrar toda revisión del capítulo más negro de nuestra historia: porque de ese modo evitaban que la sociedad reflexiones sobre el hecho objetivo de que nunca tienen en realidad nada nuevo para ofrecerle, sino que intentarán –una y otra vez- imponerle el corset de un proyecto de país que excluye, al cual le sobran varios millones de argentinos.

Y éste 24 de marzo, lejos de ser la excepción, permite verificar la regla con más contundencia que nunca, mucho más incluso que en los oscuros años del menemato: a la escalofriante similitud de las políticas económicas que hoy soporta el país con las que en su momento descargó la dictadura, hay que sumarles reiterados y graves retrocesos en materia de derechos humanos (actuales, y en la reparación de los violados por el genocidio); como no se hay registro en los tiempos de nuestra transición democrática post dictadura.  

Que las actuales políticas económicas tienen una línea de continuidad histórica con las de la dictadura es algo que cualquiera puede constatar, con solo prestar atención a las semejanzas en los medios empleados y en los resultados producidos; y con solo repasar la lista de los sectores a los que favorecen, y a los que perjudican.

Un modelo de valorización financiera que convirtió en meses al país en un terreno fértil para la especulación financiera, mientras crece exponencialmente la deuda externa, se desmantela toda forma de protección de la producción y el trabajo nacional, y al compás de la apertura se destruye empleo y tejido industrial; mientras se vuelven a ensayar las remanidas fórmulas de recortes de derechos a los trabajadores, para superar lo que se conceptúa como “alto costo laboral argentino”. Y tal como entonces, los principales grupos económicos del país tomaron por asalto el aparato estatal, para colonizarlo y ponerlo al servicio de sus negocios.

También como en las vísperas de aquél golpe, un contexto regional adverso y complejo parece invitar a sumarse a los vientos de la restauración neoliberal, como si se tratase de una corriente irresistible que forzosamente debemos seguir; mientras el “procesismo” cultural recupera posiciones, desde los medios hegemónicos y el propio gobierno: abundan las expresiones negacionistas del horror y las apelaciones a “la memoria completa”, y hay torpes y desembozados intentos de re-escribir la historia (y hasta el almanaque) a través de un nuevo “relato”; que se sobreponga al que las mayorías nacionales tienen asumido sobre lo que fue la dictadura, sus causas, sus motivaciones y sus lacerantes efectos sobre el cuerpo social argentino.

Con los reflejos adquiridos en los tiempos de la “total normalidad” y los “muertos en enfrentamientos” de la dictadura, el aparato mediático dominante sindica como agitación subversiva o intento desestabilizador toda forma de protesta o reclamo social; y ante las graves violaciones a los derechos humanos apuntadas incluso por organismos internacionales (como ocurre con la situación de Jujuy y Milagro Sala), vuelven las voces que denuncian una “campaña anti-argentina” orquestada en el exterior con apoyos nacionales; como en los mejores tiempos de “los argentinos somos derechos y humanos”.

En lo específicamente vinculado a las causas judiciales por delitos de lesa humanidad, otra vez la posibilidad del avance de las mismas descansa exclusivamente en la lucha de los organismos, frente a un gobierno que desmantela sus programas y estructuras creadas para ello, y desiste de las querellas contra los responsables civiles, que son los verdaderos sostenes y apoyos del proyecto político gobernante. El mismo gobierno que solo tiene interés en aquéllas causas que pueden dañar políticamente al kirchnerismo, como las que se siguen contra el ex jefe del ejército Milani.

Que decir de los severos retrocesos que experimenta nuestra experiencia democrática con la existencia de presos políticos, la represión de la protesta social, la persecución a los dirigentes sindicales que defienden los derechos de los trabajadores, o el despliegue de una batería de insólitas iniciativas para quebrar las huelgas: registros de “voluntarios”, premios por “carnerear”, amenazas de retirar la personería gremial, descuento de los días de paro pese a que la justicia ordenara devolverlos.

No casualmente, un combo de medidas que la original ley de contrato de trabajo del tercero gobierno peronista proscribía expresamente en sus artículos 244 y 245, luego mutilados por la dictadura, como tantos otros que consagraban derechos a favor de los trabajadores: otra vez el espejo que nos devuelve imágenes del pasado.

Mientras el presidente se jacta en decir que las huelgas, marchas y movilizaciones son expresiones de la democracia con las cuáles él no comulga porque “no sirven”, su gobierno persigue a los jueces que fallan a favor de los trabajadores; y los funcionarios responden al pedido de leña y palos del periodismo cómplice reclamando -en caso de dispensarlos- nuevos titulares que los exculpen de las consecuencias; como aquélla tristemente célebre tapa que adjudicaba a “la crisis” las muertes de Kostecky y Santillán.

Sin la necesidad de operar en las sombras y movilizarse en Falcon verdes, los grupos de tareas formados por servicios de inteligencia fuera de todo control democrático, los periodistas que abrevan en esas cloacas (y en esos sobres) y los jueces de la servilleta de Stiusso arman causas judiciales a los opositores políticos; y acumulan carpetas incluso contra los propios miembros del gobierno, para utilizarlas, llegado el caso y si les fuera necesario.

Tal como sucedió en la dictadura, el proyecto de exclusión económica y las formas de represión política y social van inseparablemente de la mano: en la medida que la derecha intenta profundizar su modelo se comprueba una vez más aquello de que “no cierra sin represión”: poco tardamos en comprobar que la “nueva derecha” de la “revolución de la alegría” busca los mismos objetivos que la vieja de los “Procesos” y “Revoluciones”; y está dispuesta a emplear métodos similares para conseguirlo, tanto como se lo permitan los límites democráticos (al filo de los cuáles juega permanentemente) y la resistencia social.

Seguramente este Día de la Memoria estará signado por la masividad de las marchas y actos en todas las plazas a lo largo y ancho del país, una masividad que se vino construyendo en cada protesta, en cada paro, en cada movilización en defensa de un derecho amenazado o conculcado; y por eso éste 24 de marzo en particular tendrá -no lo dudamos- una potencia política actual y presente en todo el país, para mandarle al gobierno y al bloque de poder que lo respalda, un mensaje claro que es un nuevo “Nunca Más”.

Hoy vamos a llenar las plazas para decirle que somos muchos los argentinos que no estamos dispuesto a tolerar que la historia se repita, por el simple hecho de que ellos interpretaron un triunfo electoral como si fuera un golpe de Estado que les otorgaba un cheque en blanco para hacer lo que se les plazca, mientras nos acusan a nosotros de desestabilizadores y golpistas, por tratar de impedírselo.

jueves, 23 de marzo de 2017

INSTANTÁNEAS DE LA REVOLUCIÓN DE LA ALEGRÍA


NI A ESKENAZY SE LE HUBIERA OCURRIDO. O A LO MEJOR SE LE OCURRIÓ JUSTO A ÉL.


Leíamos los otros días en La Capital: "El jefe del bloque de diputados provinciales del socialismo, Rubén Galassi, presentó ayer un proyecto de ley que aspira a que la Casa Gris tenga participación en el capital accionario del Banco de Santa Fe SA. La iniciativa autoriza al gobierno de Miguel Lifschitz "a iniciar y desplegar todas las gestiones, acciones y medidas necesarias para hacer efectiva la participación de la provincia en el capital accionario del Nuevo Banco de Santa Fe, así como su integración en el directorio y/o sindicatura de la entidad". "

No se aclara si la participación de la provincia en el Nuevo Banco de Santa Fe S. A. de Eskenazy será del 51 % por lo menos, de modo que le permita tener la mayoría para controlarlo e imponerle sus decisiones, porque de otro modo sería un completo disparate, que tendría lo inmediato dos efectos prácticos: inyectarle capital público a un banco que seguiría siendo privado, y permitirle al Grupo Petersen (tal la denominación del hólding) seguir siendo el agente financiero de la provincia para siempre; sin necesidad de volver a licitar esa condición.

Algo que ni siquiera el propio Eskenazy (ya favorecido por tres adjudicaciones del socialismo: una en forma directa prorrogando el contrato que venía de los gobiernos anteriores, dos por licitaciones armadas a su medida en las que fue el único oferente) se atrevió a proponer en público. Aunque a lo mejor se lo haya sugerido en privado a Galassi, de otro modo esta genial idea no se entiende.

Y no es que acá estemos en contra de que la provincia cuenta con una herramienta financiera pública, no señor: todo lo contrario. Pero pública, controlada por el Estado, como era el viejo Banco Provincial (saqueado sí señor, por los gobiernos militares y en buena medida por los que gobernaron en nombre del PJ). No una venta de humo lanzada en medio del "operativo rescate" de un Frente Progresista que naufreaga como consecuencia de su exasperante hibridez. 

Tanto es así que analizando las condiciones en las que el socialismo le entregó las dos últimas veces al NBSF S.A. el contrato para ser el agente financiero del Estado provincial, decíamos acá: "El Plan (de negocios que debían presentar los bancos oferentes en la licitación, aclaramos) debía garantizar, según el pliego “…la instrumentación de líneas de financiamiento para Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes), para Investigación y Desarrollo (I+D) aplicado a la innovación productiva, para Comercio Exterior y estímulo a las exportaciones, para el Sector Agropecuario, para el Sector Industrial…” entre otras cuestiones como los préstamos al consumo para los agentes estatales.

Sin embargo, el mismo pliego a la hora de ponderar los antecedentes de los oferentes, sobre un total de 100 puntos, asignaba 15 como máximo al Plan de Negocios, mientras que otros ítems como la Representación Institucional (tener su sede central en la provincia), la Representación Territorial (la cantidad de sucursales) o los antecedentes de prestación de servicios similares en otras provincias, sumaban en conjunto 75 puntos y por ende decidían el resultado de la licitación.

Sin conocer el Plan de Negocios concreto presentado por el Nuevo Banco de Santa Fe S.A., pero sí que su oferta de canon superó el mínimo establecido en apenas 40.000 $ (lo que deja a las claras su certeza casi absoluta de quedarse con el contrato), se puede inferir que no contendría un aporte gravitante a la economía provincial; a lo que hay que sumar que el mismo pliego no estableció ninguna pauta concreta y mensurable para que las autoridades provinciales lo evaluasen, y -sobre todo- una sanción si no lo presentaba, o si no lo cumplía prestando a las empresas santafesinas.

En ninguno de los documentos del proceso de contratación del nuevo agente financiero se contempla un destino específico para los importes que éste debe abonar en concepto de canon fijo, y muchos menos que ese dinero (un mínimo de 75 millones de pesos durante los primeros cinco años del contrato) se destine a promover actividades productivas.

La falta de implementación de la Corporación para el Fomento del Desarrollo prevista en la Ley 11.696 mantuvo inmovilizados los recursos asignados al ente liquidador del ex Banco de Santa Fe SAPEM, que ascendían a 21.753.000 $ en el 2009; a los que deben añadirse los provenientes de la ejecución judicial de garantías o acreencias contra los deudores de la banca pública, o el repago de los créditos refinanciados; y de los cuales el gobierno de Binner (a contramano de una política de aliento a la producción) echó mano mediante el Decreto 1266/09 para transferir más de 75 millones de pesos al Tesoro provincial, para enjugar su déficit.

Como consecuencia de esa decisión no pudo cumplirse con lo dispuesto por el Decreto 1039/07 que contemplaba afectar hasta 15 millones de pesos del mismo origen (el fideicomiso del ex Banco Provincial) para créditos a pequeñas y medianas empresas otorgados por el Ministerio de la Producción; y lo mismo sucedió con los fondos asignados por la Ley 12.733 (2007) para constituir una sociedad de garantías recíprocas (SGR), que formara un fondo de garantías para que las pymes santafesinas pudieran acceder al crédito. Además  el Ministerio de la Producción no hizo ninguna gestión para que el sector privado aportara a la conformación de ese fondo de garantía, como lo mandaba la ley. "

Es decir que durante los gobiernos de Binner y Bonfatti el socialismo no aprovechó ninguna de las herramientas legales y presupuestarias que tenía disponibles para generar una banca pública o algo parecido, como soporte y apoyo financiero del Estado a la producción; y no cambió mucho con Lifschit: en este otro posteo veíamos que prometió en campaña "crear la Corporación Financiera para el Desarrollo", que ya habían prometido sus antecesores sin explicar nunca con que estructura jurídica funcionaría, y con que recursos se la iba a solventar.

OPERATIVO APRENDER


Con la impresionante marcha de ayer los docentes volvieron a darle una lección a más de uno, dentro y fuera del gobierno.

Al gobierno, que insiste en serrucharse todo el tiempo su propia base social de apoyos (¿o acaso alguien duda que muchos de los que marcharon votaron a Macri?), y aislarse del pulso de la sociedad; tildando de desestabilizador a todo el que protesta, se moviliza y reclama.

Con un presidente y su ministro/gerente de recursos humanos (como él mismo se definió ante los empresarios) estigmatizando a la escuela pública, y pretendiendo cargar exclusivamente sobre las espaldas de los docentes los indicadores del fracaso escolar.

Con una torpeza propia de carniceros presentaron los resultados de las pruebas absolutamente fuera de todo contexto y situación, y sin acertar a explicar como se hicieron, o que indican; mientras el presidente culminaba el derrape con el exabrupto ya conocido de “la caída” en la escuela pública, en una puesta en escena que permite deslegitimar desde ese lugar los justos reclamos salariales: la “productividad” introducida por otros medios.

Una burrada que no hizo sino transformar lo que era un reclamo salarial en una defensa de la escuela pública agredida por el discurso “meritocrático” del gobierno, que emblocó junto a los docentes en su reclamo, a vastos sectores de la sociedad.

Como con la carpa blanca del 88’ y la marcha federal del 97’, los docentes supieron intuir de que va la cosa, y que es lo que está en juego; que es bastante más que unos puntos más o menos de aumento salarial en la paritaria.

Y sin embargo en ese aspecto específico también dieron cátedra: comprendieron antes que nadie que en la obstinación de Macri por no convocar a la paritaria nacional está el deseo de usarlos como caso testigo para escarmentar al resto de los trabajadores y sus organizaciones, y disciplinar a la fuerza de trabajo detrás de las “metas de inflación” dibujadas en el presupuesto.

A ese dique lo están derribando los maestros con su lucha, de allí que todos los gremios -tanto estatales como privados- que logren en sus paritarias aumentos por encima de ese 17 % en el que ya ni Sturzenegger cree, le deben cada punto extra a la dignidad de los docentes, y a su coherencia en la pelea.

Docentes que también le enseñaron a la oposición política que a Macri, su gobierno y sus políticas se lo combate con discursos claros, sin eufemismos ni medias tintas, llamando a las cosas por su nombre y defendiendo con firmeza los avances logrados en la década pasa; como la ley de financiamiento, la estructura nacional del sistema educativo, los niveles de inversión pública en él y los programas compensatorios de las desigualdades regionales y sectoriales.

Avances que -como dijeron los dirigentes que hablaron ayer en la marcha- no fueron concesiones graciosas de un gobierno, sino resultado de la lucha de los maestros y sus organizaciones, y de la visión en todo caso de un poder político que entendió entonces que les asistía la razón, y que en la mejora de su situación sectorial, se aportaba a la construcción de un futuro mejor para el país. Crecer, pero con la gente adentro, como se suele decir. 

Y finalmente lo docentes le dieron una formidable lección a la balbuceante conducción de la CGT, que tras un montón de cabildeos y la desautorización de sus propias bases terminó definiendo a desgano un paro que ya queda tan lejos como el polo, conforme a la dinámica de la protesta social que tendrá seguramente un nuevo mojón contundente en los actos del viernes por el Día de la Memoria.

Frente a un paro cegetista “vergonzante” (“contra nadie”, “para hacer catarsis”, como dijeron los triunviros) y sin movilización, los docentes coparon las calles y la plaza histórica, contra Macri, su gobierno y sus políticas.

Los persiguieron, los amenazaron, les mandaron la policía a las escuelas a relevar los listados de adherentes a los paros, les descontaron los días de huelga, los quisieron reemplazar por “voluntarios”, les ofrecieron “premios” a los carneros, y buscaron dividirlos con el eje de la educación pública versus la privada.

Se sobrepusieron a todo eso con unidad (privilegiando lo que tienen en común para defender y conseguir por sobre toda otra consideración), solidaridad (en defensa de sus compañeros de las provincias más pobres, que dependen de la paritaria nacional para alcanzar un piso mínimo de dignidad) y organización, apelando al conjunto de la comunidad educativa para que escuchara y apoyara sus reclamos, interpelando al mismo tiempo al Estado y al conjunto del sistema político.

miércoles, 22 de marzo de 2017

NO DESCARTAN NINGUNA HIPÓTESIS


Pullaro en LT 10 Digital: "Maximiliano Pullaro, ministro de Seguridad de Santa Fe, expresó que “el personal del servicio penitenciario cumplió en cuidar la vida de los detenidos y evitó una posible fuga."

Pullaro en La Capital: "Este fue un arrebato de matones que pretendió, en principio, cobrarse la vida de los detenidos, el cual no tuvo ningún tipo de éxito porque el protocolo que llevó adelante el Servicio Penitenciario (SP) logró detener esta agresión. No fue un intento de fuga.."

Al parecer querían que se fue fuguen, vivos o muertos:

TARDE, POCO Y MAL


Tal como se venía anunciando, Macri firmó los decretos para regular las situaciones de "conflicto de intereses", que fueron publicados hoy en el Boletín Oficial con los números 201 (completo acá) y 202 (completo acá). El primero refiere a los juicios en los que el Estado es parte, y en los que el presidente, el vice, el jefe de gabinete, los ministros o funcionarios de rango similar se encuentren en una situación de conflicto de intereses por tener vínculos con la contraparte. El segundo es para los casos en que esa situación se verifica en las licitaciones o contratos del Estado, y en los procedimientos para otorgar permisos, licencias o concesiones, o para la venta de bienes estatales.

El Decreto 201 reduce toda la salvaguarda de los conflictos de intereses en los juicios en los que el Estado es parte (como ocurrió en el concurso preventivo de Correo Argentino S. A.) a la intervención del Procurador del Tesoro; que como el propio decreto se ocupa de recordar, depende directamente del presidente (de acuerdo a la Ley 24.667), que lo nombra y lo remueve cuando quiere: ¿como confiar en su "independencia de criterio" y "libertad de acción" cuando estamos ante un un presidente que le pide públicamente la renuncia a la Procuradora General Gils Carbó, que encabeza un órgano creado por la Constitución, tiene acuerdo legislativo y estabilidad en el cargo?

Lo curioso es que de acuerdo al decreto, en el caso de los juicios el único medio que el Estado tiene de enterarse si sus funcionarios están en una situación de conflicto de intereses es que lo declare el actor, ¿y si el actor (es decir el que demanda) es el Estado el demandado particular no tiene la obligación de hacer la declaración jurada? Si bien un concurso de acreedores (como el del Correo, por ejemplo) es un proceso universal, justamente ésa es la situación: el Estado demanda cobrarle a alguien una deuda.

Algo parecido ocurre con el Decreto 202 aplicable a los contratos, licitaciones, permisos y concesiones: la autoridad de aplicación es la Oficina Anticorrupción (cuya reglamentación fue modificada a medida de Laura Alonso, con los resultados conocidos); y la situación de conflicto de intereses solo puede ser conocida por la declaración jurada de los terceros, no de los funcionarios: si el tercero  no lo declara no hay modo de saberlo para aplicar las "sanciones"; que por cierto son muy laxas: La omisión de presentar oportunamente la “Declaración Jurada de Intereses” podrá ser considerada causal suficiente de exclusión del procedimiento correspondiente, y la falsedad en la información consignada será considerada una falta de máxima gravedad, a los efectos que correspondan en los regímenes sancionatorios aplicables.” dice el decreto (las negritas son nuestras)

Y aun en esos casos en que la oferta puede ser declarada inadmisible, hay excepciones en los que igual puede ser aceptada: cuando la empresa u oferente acrediten "capacidad técnica relevante", "exclusividad" o "cuando el Poder Ejecutivo haya declarado secreta la operación por razones de defensa nacional o seguridad", como por ejemplo sucede con las contrataciones derivadas de la "emergencia en seguridad" que Macri declaró por decreto al inicio de su gobierno.

La declaración jurada sobre conflicto de intereses en el caso de los contratos con el Estado se limita al año de antelación al decreto, mientras se conocen casos de ventas "sospechosas" de empresas, como las de Mac Air Jet a Avianca, o las del primo presidencial Calcaterra a Marcelo Mindlin; por no mencionar los casos de las ventas de empresas de los Macri a su familia con acciones caucionadas o prendadas. 

Para que se entienda que estos decretos no solucionan nada (y no buscan hacerlo) tengamos en cuenta que dispone que la Oficina Anticorrupción (que hasta acá vino funcionando como tapadera y justificadora serial de los negocios de los funcionarios y el presidente) puede adoptar mecanismos "de control social" alternativos y no obligatorios: "celebración de pactos de integridad" (algo así como "me comprometo a portarme bien"), "participación de testigos sociales" (¿Margarita Barrientos, Toty Flores?), "veeduría especial de organismos de control" y "audiencias públicas” (¿como las del gas y la luz, o mas inútiles?

En una entrada que tiene valor porque fue escrita antes de que Macri asumiera, pero cuando ya se conocía que si gabinete estaría plagado de CEO´s, decíamos nosotros: "Y esos CEOS devenidos funcionarios expresan además en el seno del Estado la defensa de los intereses de sus respectivas empresas, grupos económicos o sectores concretos, como el agropecuario o el financiero. Es allí donde la idea del "país visto como una empresa" empieza a hacer agua porque no necesariamente sus intereses (los de las corporaciones del poder económico) son los del conjunto, o al menos los de las grandes mayorías nacionales (la experiencia histórica indica mas bien lo contrario); aunque el pensamiento neoliberal tiende a naturalizar la idea inversa: los intereses de las grandes corporaciones y grupos económicos son los de todos, como cuando nos vendían que "el campo es el país".

En los años 90' la ola privatizadora neoliberal en el país y en América Latina incluyó el desguace del Estado en beneficio de los grandes grupos económicos, con el argumento de "terminar con la corrupción estructural" del "capitalismo de amigos", que supuestamente -o no- favorecía a grupos empresarios nacidos, criados y prosperados al amparo de sus vínculos de negocios con el poder político; más allá de los gobiernos circunstanciales.

Por entonces apareció en todo su esplendor el "oenegeísmo" como subproducto de las nuevas formas de politización (o despolitización, según se mire) que se autoatribuyó el rol de representar a la sociedad civil en el control del poder público (no del poder económico, desde ya), evitando los "conflictos de intereses" y las "puertas giratorias": ese fenómeno por el cual alguien podía alternarse de lo dos lados del mostrador entre el Estado y las empresas del sector privado, en total concupiscencia de intereses. 

De ese sector de "ONGS" custodias de la transparencia y la moral pública provienen no pocos de los cuadros del PRO, y son la usina de ideas que generan placebos para calmar ciertos escrúpulos morales de sus votantes promedio. En ese marco de las ideas del Consenso de Washington (que hasta llegó a alentar la "Convención Interamericana contra la corrupción") surgió en la transición entre Menem y De La Rúa la  Ley 25.188 de Etica Pública, prevista ya en la reforma constitucional del 94'."

Pero lo más relevante a tener en cuenta en este caso es el contexto político en el que los decretos se gestaron: no al inicio del gobierno de los CEO's, no a través de las declaraciones juradas de los funcionarios (que se revelaron dibujadas, empezando por la del propio Macri), sino después que los escándalos de corrupción como los del Correo o las "low cost" le estallaron en las manos al gobierno.

Y la salida es soslayar el debate en el Congreso con el argumento de que los decretos "complementan" la ley de ética pública y otras normas que se citan (en cuyo caso cabe preguntarse por qué no se respetaron esas normas antes), refugiándose en una seudo discusión con las ONG "amigas" (como Poder Ciudadano) para armar los decretos: al igual que con la "nueva" ley de medios, un debate social controlado, para no correr riesgos.

Un debate precedido además por la reticencia a transparentar del que se refugia en la impersonalidad de las sociedades anónimas (tan impersonales que no las declara, o que dice no saber que formaba parte de ellas), o se enoja (como se enojó Macri) porque le parece injusto que sus parientes o amigos (como Caputo y Calcaterra) se vean perjudicados por no poder hacer contratos por el Estado; enojo lógico en quien ha construido un imperio sobre esa base.

El debate político acá es hasta que punto es admisible que por los agujeros que deja la política y la crisis de representatividad de la dirigencia y los partidos tradicionales, termine accediendo a la presidencia un connotado representante de la patria contratista y del poder económico, y que buena parte de la ciudadanía haya aceptado como razonable (al punto de votarla) la idea de un país "atendido por sus propios dueños". Ese es el verdadero conflicto de intereses, y por su volumen no se resuelve con un par de decretos.  

UNA DE CAL Y UNA DE ARENA


Nombraron jueces de la Corte por decreto y tomaron por asalto la mayoría en el Consejo de la Magistratura, pero hicieron un listado de jueces y fiscales a los que quieren echar, y les pidieron el juicio político a los camaristas laborales que fallaron a favor de la paritaria de los bancarios.

Mutilaron de un plumazo la ley de medios a pedido de Clarín, pero le autorizaron a Clarín la compra de Nextel, y a operar en el 4G.

Rebajaron de 74 medicamentos a 4 la cobertura del Plan Remediar, pero sacaron el 100 % de la cobertura de medicamentos del PAMI.

No convocaron a la paritaria nacional docente, pero el presidente dijo en el Congreso que Baradel no necesita que lo cuiden, llamaron a "voluntarios” para dar clases e instituyeron un premio en dinero por carnerear.

Están regalándoles a los operadores privados frecuencias de ARSAT y paralizaron la construcción del tercer satélite argentino, pero terminaron con el Conectar Igualdad.

Eliminaron el Plan Sonrisas, pero eliminaron el Plan Qnita.

Empezaron el desguace del Fondo de Garantía de la ANSES, pero modificaron el PROCREAR haciendo que los préstamos los den los bancos, y sean indexados.

Desmantelaron “Precios Cuidados” y el “Ahora 12”, pero fracasaron con “Precios Transparentes”

Están destruyendo el MERCOSUR, pero desoyen reclamos de la ONU y la CIDH por la situación de los derechos humanos en el país.

Hicieron un papelón metiéndose en las elecciones de Estados Unidos, pero metieron la pata con Rusia y China de modo que no nos den créditos prometidos, o nos aumenten el interés.

Mantienen como presa política a Milagro Sala, pero reprimieron salvajemente la marcha de mujeres, quieren sacarle la personería gremial a los sindicatos docentes y que los maestros les digan de que partido político son, y por cual piensan ser candidatos.

Desistieron de las querellas contra los responsables civiles en los juicios por delitos de lesa humanidad y recibieron a Cecilia Pando, pero propusieron como representante en la CIDH a un abogado de represores.

Quisieron correr el feriado del 24 de marzo por DNU, pero nombraron a cargo de la Aduana a un tipo que dice que en la dictadura no hubo un plan sistemático de represión y violación de los derechos humanos.

Vetaron la ley anti-despidos y modificaron por DNU la de las ART, pero aprobaron la flexibilización laboral en Vaca Muerta, y dijeron que los despidos en AGR son ajenos a su competencia.

Aumentaron el gas, el agua y la luz, pero quisieron recortar las jubilaciones y quieren ponerle techo a las paritarias.

Proponían penar con cárcel a los que revelaran datos del blanqueo, pero publicaron el listado de los indemnizados por haber padecido secuestros, torturas y detenciones durante la dictadura.

Prometieron el “Plan Belgrano” que todavía no arrancó, pero lanzaron el “Plan Patagonia", que arrancó desmantelando la industria de electrónicos de Tierra del Fuego.

Les pagaron a los fondos buitres todo lo que reclamaban, pero se auto-perdonaron el 99 % de la deuda del Correo y quieren aumentarles a los docentes un 18 %, en cuatro cuotas.

Modificaron por decreto la ley del blanqueo para que pudieran entrar los familiares de los funcionarios, pero les dieron autorizaciones para operar servicios aéreos a sus empresas.

Sacaron el “Fútbol Para Todos”, pero ampliaron el presupuesto en publicidad oficial, por casi la misma cifra que costaba.

Hicieron percha Encuentro, Paka Paka y Tecnópolis, pero llenaron de periodistas de TN y lameculos Radio Nacional y la TV pública, derrumbándolas estrepitosamente en audiencia.

Crearon una competencia ruinosa para Aerolíneas Argentinas, pero lograron que YPF perdiera plata por primera vez en 20 años y le están haciendo disminuir su valor.

Crearon un millón y medio de nuevo pobres, pero declararon la emergencia social.

El presidente no sabe cuanto gana un jubilado, pero considera ir a la escuela pública una caída.