LA FRASE

"NO ES TAN DIFÍCIL DE ENTENDER: ESTELA DE CARLOTTO ES GOLPISTA Y EL GENERAL VIDELA LO ÚNICO QUE HIZO FUE COMBATIR AL TERRORISMO." (VICTORIA VILLARRUEL)

viernes, 25 de enero de 2013

ES UNA CUESTIÓN DE ACTITUD


Autoritarismo y soberbia, negativa a reconocer errores de gestión, alienación de la realidad, encierro en un "relato" construido a través de una poderosa red de medios oficialistas, negativa al diálogo para buscar consenso, visión paranoica de la realidad que agita permanentemente el fantasma de conspiraciones desestabilizadoras, desplazamiento de las culpas y responsabilidades en los otros.

Son todas actitudes políticas que desde el socialismo (en tanto parte de la oposición al gobierno nacional) se le viven endilgando todos los días al kirchnerismo; pero que perfectamente les son trasladables para describir la actitud con la que ellos mismos enfrentan los problemas que les plantea gestionar el gobierno de la provincia; con especial epicentro en los graves hechos de inseguridad que se vienen sucediendo con epicentro (pero no exclusividad) en Rosario.

La gravedad de la situación (sobre lo que existe un sobre-diagnóstico, y no es necesario insistir) se ve así  aumentada por la actitud política que se asume desde la propia conducción del gobierno provincial, y de la fuerza política que hegemoniza al Frente Progresista Cívico y Social.

A propósito: ¿las demás fuerzas que lo conforman, empezando por los radicales, han elegido silbar bajito para que no se note que también participan del gobierno de Santa Fe, si no con las cuotas parte de poder que quisieran, sí con la corresponsabilidad política?

Y hablando de actitudes, a la ausencia física de Bonfatti (no se cuestiona su derecho a tener vacaciones, pero al parecer, las tomó en Groenlandia o Saturno, o en algún lugar desde el cual no puede comunicarse con la provincia para contarnos que piensa de lo que está pasando, y que medidas ordenó tomar), se suma la mental de Binner, que recorre el país lanzando su candidatura a casi tres años vista de las elecciones presidenciales; mientras todavía nos debe a los santafesinos explicaciones sobre su gestión como gobernador, cuyas consecuencias hoy padecemos, en todos los planos.

Desde el socialismo se le cuestiona a la dirigencia del PJ hacer un aprovechamiento político de los problemas de inseguridad, obviando que el Frente Progresista Cívico y Social llegó a la Casa Gris enancado en los muertos de la represión de la policía reutemanista en diciembre del 2001, o los de la tragedia del Salado en abril del 2003; y con "El ángel de la bicicleta" como leiv motiv de la campaña de Binner a la gobernación de Santa Fe. 

Y llegó encarnando una esperanza de cambio para los santafesinos tras 24 años de gobiernos peronistas (o en nombre del peronismo, que no es lo mismo); esperanza que hoy, a cinco años de gobernar la provincia, se ha visto ampliamente defraudada; como lo comprueba el hecho de que Bonfatti estuvo a punto de perder las elecciones del 2011 con uno de los más típicos productos de la anti-política. 

Si existe especulación política de la oposición al gobierno provincial con los problemas de inseguridad, el mejor modo que tiene el gobierno del Frente Progresista es abordar esos problemas, con acciones concretas, para que se empiecen a ver soluciones; luego el pueblo (cuando vote) juzgará a cada uno.

No se puede hablar a la bartola (como lo hace éste comunicado del socialismo) de intentos de desestabilización opositora ante lo que son planteos políticos demandando respuestas al gobierno; mientras al mismo tiempo se aceita con parte de los presuntos desestabilizadores, un mecanismo espúreo de tráfico de favores para lograr la sanción de leyes clave en la Legislatura; como el Presupuesto o la reforma tributaria.

Como tampoco se puede aducir la falta de colaboración de esa misma oposición para encarar el problema de la inseguridad, cuando se veta la ley de emergencia en seguridad con argumentos jurídicamente opinable, pero políticamente insostenibles.   

De hecho el veto -finalmente aceptado por la Legislatura- se preocupa centralmente de dejar a salvo las prerrogativas constitucionales del gobernador para conducir a la policía provincial: pues bien, es hora de que las ejerza en su plenitud. 

Se dice (en el comunicado del Partido Socialista) "Rosario ha llamado la atención por una sucesión desgraciada de episodios" en el mejor registro de la teoría de las "casualidades permanentes" del menemismo; y también se dice (con cierto dejo de dogmatismo) "Nadie discute que en Rosario primero y ahora en Santa Fe se han desarrollado políticas que han fortalecido la solidaridad social, los valores y la participación, que se ha priorizado la inversión en educación, salud y cultura.", cuando no se pueden exhibir ni planes, ni programas, ni acciones, ni logros concretos, tampoco en esos campos.

Más aun, nosotros sí nos permitimos discutirlo, y lo hemos hecho acá y acá, por ejemplo; con cifras y datos que surgen de las propias estadísticas oficiales del gobierno de la provincia; que demuestran que desde el 2007 se invirtió menos en educación y en políticas específicas destinadas a los sectores sociales más vulnerables; que son justamente los que más padecen la violencia desatada por el narcotráfico y el crimen organizado.

Nadie niega que la inseguridad (en especial en las áreas urbanas, como Rosario) es un problema mundial, que no empezó ahora y que tiene componentes estructurales; pero sí hay que decir que cuando esa inseguridad se expresa en hechos graves y concretos en un lugar determinado (en éste caso en nuestra provincia), es lícito exigirles respuestas a los que tienen la responsabilidad política (conferida por el mandato popular) de darlas.

Como tampoco nadie niega que el narcotráfico sea un delito federal (aunque la provincia decidió hasta acá no asumir ninguna responsabilidad institucional al respecto), pero si los soldatitos de las bandas de narcos matan a alguien, la policía, la justicia y el gobierno de Santa Fe no pueden mirar a un costado, y reclamar que manden a la Gendarmería.

Y frente a esos hechos graves, concretos y reiterados, y remitiéndonos exclusivamente al tiempo transcurrido desde que explotó el caso Tognoli, no se pueden señalar medidas concretas (y mucho menos efectivas) que se hayan tomado desde el gobierno provincial, para evitar que se repitan.

El anuncio reciente de comprar 600 cámaras de seguridad tampoco aporta demasiado, si no se tiene la certeza de que (por ejemplo) serán instaladas en los barrios que más sufren la violencia cotidiana, y no en las zonas céntricas para calmar la preocupación (legítima también, pero gobernar es establecer prioridades) de los comerciantes que son víctimas de robos; y si tampoco se sabe a ciencia cierta si son una estrategia efectiva contra el delito, o una simple generadora de contenidos para los noticieros de televisión. 

Dicen los socialistas en su comunicado: "En Santa Fe, hemos encarado un proceso de reforma policial que está en marcha", pero omiten decir que esa reforma policial fue aprobada durante el gobierno de Obeid entre el 2005 y el 2006, con el consenso de todas las fuerzas políticas (incluyéndolos a ellos, por entonces opositores y hoy gobierno), y que demoraron más de dos años del gobierno de Binner en ponerla en marcha.

Del mismo modo que hasta ahora la han acotado estrictamente a los mecanismos para la formación y el ingreso de los policías; mientras se pasaron a nado por cinco años (y todavía no los han implementado) los mecanismos que esa misma reforma establece para otorgar los ascensos, o le permiten a la Policía seguir contando con gastos reservados exentos de control; porque eligieron instaurar un modelo de autogobierno policial sin control del poder político; en un pacto basado en la creencia de que permitirle a la corporación uniformada preservar ciertos privilegios, garantizaría cierta paz social y aceptables índices de delito.

Ese modo de abordar el problema de la inseguridad no es ciertamente exclusivo del socialismo (ver si no los problemas cíclicos que sufre Scioli en Buenos Aires); pero justamente su fracaso en todos los lugares en que se lo intentó, debieron haberlo persuadido de intentar otro camino.

Porque no se trata el santafesino de un caso (como sucedió con la gestión de Arslanián en el gobierno de Felipe Solá) en el que se haya ensayado una reforma en serio de la institución policial, y haya que enfrentar una reacción corporativa que la resiste; sino todo lo contrario: estamos padeciendo las consecuencias de que los autodenominados progresistas, hayan seguido -para encarar la relación entre el poder político y la fuerza de seguridad- la hoja de ruta de los cultores de la mano dura.

Se pierde tiempo discutiendo si Tognoli era o no un jefe narco encubierto, o si lo volteó una operación del kirchnerismo; cuando hay otros datos incontrastables de la realidad a los que hay que dar respuesta: la violencia se alimenta (no exclusivamente, pero en parte importante) por el narcotráfico, porque los narcos se han enseñoreado en Santa Fe (especialmente en Rosario), entre otras cosas, por la tolerancia y complicidad de la policía; policía a la que el poder político provincial no controla, porque eligió ex profeso no hacerlo.

El acuerdo político alcanzado ayer entre la intendenta Fein (que al contrario que Bonfatti, entendió que debía anticipar el retorno de sus vacaciones ante la gravedad de la situación) y los concejales de todos los bloques del que da cuenta la tapa de La Capital es auspicioso en tanto gesto de madurez política de la dirigencia de Rosario, pero sin el necesario compromiso del gobierno provincial (también del de la Nación, desde luego) que es el que tiene las herramientas para desplegar las políticas de seguridad, está destinado al fracaso. 

El socialismo tiene que dejar de confundir, de una buena vez por todas, un libreto rigurosamente estudiado y que todos siguen a pie juntillas de un modo disciplinado para responder en los medios; con un programa de gobierno con respuestas concretas a las demandas de la sociedad; sea en materia de seguridad o en cualquier área de la gestión pública.

De lo contrario los problemas se seguirán agravando, con las consecuencias dolorosas que se palpan a diario en el caso de la inseguridad.

El modo en que el gobierno provincial se plante de ahora en más frente a la situación no es la solución mágica a esos problemas, pero un prerrequisito indispensable para intentarlo es  no sólo, pero sí también -como diría un rosarino famoso- una cuestión de actitud.

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