La imagen de apertura corresponde a esta nota en Clarín de hoy del hermano de Altamira; sobre la "rebelión" de algunas provincias contra el descuento del 15 % de la masa coparticipable que se destina a la ANSES, nota en la que -para variar- frutea y mal, aunque está empezando a recular en algunos aspectos porque ve que pasan los meses, los años y lo que parecía taaan claro (que la Corte debía resolver favorablemente los reclamos de Santa Fe, San Luis y Córdoba) no es así, ni está cerca.
El fruteo de Bermúdez no es nuevo: ya hace unos meses asesorando a Lanata para su columna en Clarín de los sábados (ver acá) confundió los reclamos de algunas provincias por el descuento de parte de la coparticipación que va a la ANSES, con la presunta obligación de la Nación de financiarles el déficit de sus Cajas de Jubilaciones.
Los que son lectores habituales de Nestornautas lo sabrán, pero para el resto lo reiteramos por enésima vez: lo que la Corte tiene en sus manos para resolver desde el 2010 (en el caso de Santa Fe y también en el de San Luis) es el reclamo por el descuento de la coparticipación; por el déficit de la Caja de Jubilaciones Santa Fe jamás inició un reclamo judicial, y es dudoso que lo haya hecho en sede administrativa: al menos así era hasta julio del año pasado así lo reconoció el propio Fiscal de Estado de Bonfatti según pueden oírlo siguiendo este enlace a otro post.
Y la razón es muy sencilla, y la da a entender el propio Bermúdez: los convenios exigían que las provincias armonizaran sus sistemas previsionales con el de la Nación para que les financien el déficit, y no lo hicieron, por eso no reclaman judicialmente (y eventualmente tampoco en sede administrativa): porque saben que no cumplieron su parte del convenio.
El caso extremo es De La Sota, que realizó reformas jubilatorias en Córdoba que incrementaron geométricamente el déficit de su Caja de Jubilaciones, y pretendía que la Nación se lo solventara.En el caso de Santa Fe, en éste otro post explicamos en detalle la situación, que corre más o menos por el mismo carril.
Para más detalles, les dejamos acá el enlace al documento que en su momento elaboramos al respecto con los compañeros del Movimiento Evita; donde entre otras cuestiones se abordan ambos temas: afectación del 15 % de la coparticipación a la seguridad social, y financiamiento del déficit de la Caja de Jubilaciones; y otro punto que se menciona en el artículo: la supuesta vinculación entre el déficit o superávit de la ANSES, la estatización de los fondos de las AFJP y los aportes de las provincias.
Bermúdez se manifiesta sorprendido porque al momento de sancionarse la Ley 26.425 que elininó a las AFJP, no se planteara la cuestión del 15 % de la masa coparticipable que va a la ANSES, y la razón es muy sencilla: porque no tiene nada que ver.
Ese 15 % comenzó a descontarse en 1992 por la Ley 24.130, porque el sistema previsional ya era deficitario, de lo contrario no se entiende como por ejemplo, Alfonsín había declarado en 1986 la emergencia previsional porque no podía pagar los juicios.
En todo caso la creación de las AFJP (como lo reconoce el propio Bermúdez) no hizo sino agravar ese déficit al sustraerle al sistema aportes; lo que se agravó aun más (también lo señala el hermano de Altamira) por la rebaja de aportes patronales que hizo Cavallo en 1993.
Y la liquidación de las AFJP le transfirió al Estado activos (stock), y lo que demanda el sistema previsional todos los meses para pagar las jubilaciones y pensiones son recursos líquidos (cash flow).
Además se hace forzoso recordar algo dicho muchas veces en éste blog (la última acá): el famoso 15 % de la coparticipación que se destina a la ANSES se compone de una parte que aportan las provincias (8,501 %), y de otra que aporta la Nación (el 6,499 % restante).
Del mismo que hay que recordar también que si los reclamos provinciales prosperasen y esos fondos dejasen de ir a la ANSES no sólo ésta tendría déficit (ver la proyección en el documento conjunto que hicimos con el Evita), sino que los aumentos a los jubilados y pensionados nacionales serían menores, porque la fórmula de la ley de movilidad que fija los incrementos semestrales, contempla entre otros parámetros la parte de la recaudación afectada a la seguridad social (ver acá).
Pero además hay un detalle no menor, que pasa por alto el propio Wermus: el actual sistema previsional nacional ampara a más de 5,7 millones de jubilados y pensionados, con una tasa de cobertura del 96 %; la más alta por lejos de América Latina; lo que obviamente demanda más recursos: hace poco veíamos acá que las jubilaciones, pensiones y retiros se llevarán el año que viene no menos del 38,3 % del Presupuesto nacional.
Y no se ven muchas alternativas para financiarlo, porque casi nadie plantea aumentar las contribuciones patronales (ni Binner, que como diputado votó para que se afecte el 15 % de la coparticipación a la ANSES, y como gobernador reclamó que se lo dejen de descontar); y lejos de eso, prometen cosas estrambóticas como el 82 % móvil (aclaremos de entrada: en Santa Fe cobra algo más o menos parecido, el 11,29 % de los jubilados provinciales, por una ley de Obeid, con la que el socialismo nada tuvo que ver), sin decir como lo financiarían.
Por no mencionar (en línea con las dudas que le empiezan a surgir al hermano de Altamira) que todo este asunto de los pactos fiscales y la coparticipación es una cuestión extremadamente compleja desde el punto de vista político, por exigencias del propio sistema constitucional (ver lo dicho acá), con lo cual habría que dejarse de sanatear al respecto por un buen tiempo.
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