LA FRASE

"ESTAMOS A FAVOR DEL VOTO ELECTRÓNICO PORQUE ES PREFERIBLE QUE EL ESCRUTINIO YA VENGA HECHO POR UNA MÁQUINA, ANTES QUE TENER A UN MONTÓN DE EMPLEADOS PÚBLICOS COBRANDO HORAS EXTRAS POR MIRAR UNA PANTALLA SIN HACER NADA." (ADRIÁN PÉREZ)

sábado, 27 de mayo de 2017

COMO SACARSE DE ENCIMA UN SOCIO MOLESTO PARA ASEGURAR LOS NEGOCIOS FAMILIARES


Leíamos en Clarín de ayer que a pedido del presidente italiano en el gobierno analizan excluir a Odebrecht de la obra del soterramiento del Sarmiento, y en la columnahabitual de Bonelli Se mencionaba la preocupación de Macri por las “operaciones” que tratan de vincularlo con la empresa brasileña que habría pagado las coimas.

Mal que les pese a Macri y a Clarín, el presidente y su familia están vinculados a Odebrecht en la obra del Sarmiento, desde su mismo inicio y hasta ahora; en que por el DNU 797del año pasado  elevó el presupuesto de la obra a 45.000 millones de pesos (un 30 % por encima del presupuesto oficial, en dólares), y cambió las condiciones de financiamiento, de modo tal que lo que antes debían aportar al respecto los oferentes (así estaba previsto en el pliego original), ahora lo hará el Estado.

Los Macri estaban vinculados además al asunto y a Odebrecht desde el comienzo: los socios de los brasileños en el contrato son la empresa IECSA, que ¿era? de propiedad de los Macri, y luego fue ¿vendida? a su primo Angelo Calcaterra, quien la ¿compró? por medio de ODS, una sociedad que compartía con...Ghella, la empresa italiana socia en el soterramiento del Sarmiento, y por la cual -dicen ahora- intercedió el presidente de Italia.

En las mismas condiciones (o sea, sin conocerse el origen de los fondos y poniendo las acciones en prenda) en que Calcaterra les compró (supuestamente) IECSA a los Macri, les ¿compró? a los italianos de Ghella (sus socios en la obra del Sarmiento,reiteramos) su participación en ODS; empresa que luego vendería junto con IECSA a Marcelo Mindlin, el empresario favorito del gobierno de Macri.

O sea: a poco que nos pongamos a raspar, se saltará la pintura y descubriremos que IECSA, ODS, Mindlin y -en parte- Ghella, son Macri y su familia. 

Sin embargo, y más allá de lo que en teoría le haya pedido el presidente de Italia a Macri, y más allá de lo que el presidente argentino le haya prometido, la legislación vigente en el país para estos casos es muy clara.

En efecto, el reglamento de contrataciones del Estado nacional aprobado por el Decreto 1023/01 (legislación delegada por el Congreso en el presidente) en su artículo 10 establece lo siguiente bajo el título “Anticorrupción”: “Será causal determinante del rechazo sin más trámite de la propuesta u oferta en cualquier estado de la licitación o de la rescisión de pleno derecho del contrato dar u ofrecer dinero o cualquier dádiva a fin de que: a) Funcionarios o empleados públicos con competencia referida a una licitación o contrato hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones. b) O para que hagan valer la influencia de su cargo ante otro funcionario o empleado público con la competencia descripta, a fin de que éstos hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones. c) Cualquier persona haga valer su relación o influencia sobre un funcionario o empleado público con la competencia descripta, a fin de que éstos hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones. 

Serán considerados sujetos activos de esta conducta quienes hayan cometido tales actos en interés del contratista directa o indirectamente, ya sea como representantes administradores, socios, mandatarios, gerentes, factores, empleados, contratados, gestores de negocios, síndicos, o cualquier otra persona física o jurídica. Las consecuencias de estas conductas ilícitas se producirán aun cuando se hubiesen consumado en grado de tentativa.” (las negritas son nuestras)

La rescisión de un contrato con el Estado bajo la sospecha de haber sido otorgado pagando coimas (lo que supone que la justicia haya determinado tal circunstancia, no el Poder Ejecutivo) genera a su vez sanciones para las empresas que sobornaron que consisten en la suspensión para volver a contratar con el Estado por un plazo de entre un año a dos; de acuerdo con la reglamentación del régimen de contrataciones aprobada por Cristina mediante el Decreto 839/12, y mantenida por Macri en el Decreto 1030/16.


De modo que ya es bastante poco serio que en el gobierno negocien con Odebrecht cuando le correspondería hacerlo a la justicia, para que además se lo haga ignorando el propio régimen aplicable a los contratos del Estado; o haciendo como que la coima fuera divisible, es decir que haya empresas que se beneficiaron del contrato obtenido pagándolas (como IECSA y Ghella) que pudieran conservar el contrato.

A menos que lo que esté tratando de hacer Macri no sea responder a un reclamo del gobierno de Italia, sino de salvar los negocios de la familia, sacándose de encima un socio molesto.

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