Vemos aquí que “La Sala I de la Cámara Federal porteña rechazó ayer el pedido de excarcelación de Amado Boudou y resolvió también que el juez Ariel Lijo siga a cargo de la causa por presunto enriquecimiento ilícito en la cual dispuso la detención del ex vicepresidente.”
“La decisión del tribunal no implica, de todos modos, que Boudou vaya a seguir detenido en el penal de Ezeiza: los mismos camaristas Leopoldo Bruglia y Jorge Ballestero le solicitaron al magistrado que evalúe una posible morigeración del arresto, lo que podría traducirse en una prisión domiciliaria o el control mediante una pulsera electrónica.” “Para justificar la detención de Boudou, el juez de primera instancia argumentó que mantiene “relaciones residuales que podrían configurar una vía de colaboración para eludir la actividad jurisdiccional y poder económico para la elusión o la obstaculización del proceso”.
“Bruglia y Ballestero no acompañaron la idea de Lijo de que Boudou pudiera entorpecer la investigación en su condición de ex funcionario y que eso obligara a mantenerlo preso, tal el criterio aplicado para mantener detenido al ex ministro de Planificación Julio De Vido.” “Nótese que la generalización indiscriminada de tal lógica supondría ignorar cualquier singularidad, imponiendo el automático encarcelamiento del funcionario -tanto pretérito, como actual- por la mera imputación de un delito, con el caro precio de avasallar fronteras fundamentales del Estado de Derecho”, expresa y advierte Ballestero en su voto.
Y luego vemos aquí que “En su avanzada contra la Justicia, el gobierno de Mauricio Macri no descartó hoy ir por el juez Jorge Ballestero. Así lo confirmó Pablo Tonelli, diputado de Cambiemos y miembro del Consejo de la Magistratura. La causa: el haber desestimado como camarista la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman por encubrimiento a Irán en el atentado a la AMIA.”
Por un lado, el Camarista Ballesteros hace una advertencia en el fallo: si bajo el argumento del posible entorpecimiento de la investigación, se exige al juez encarcelar a los funcionarios, bastaría solo una denuncia para que cualquier funcionario del gobierno anterior o del gobierno actual termine en la cárcel.
Como ocurre con De Vido y Boudou, presos sin sentencia y sin que siquiera se les hubiera dictado un auto de procesamiento, es decir avasallando “fronteras fundamentales del Estado de Derecho”. El Camarista hace una advertencia, y el gobierno de Macri le responde al Camarista con un pedido de destitución, como lo confirma por los medios el diputado Pablo Tonelli.
Boudou está detenido por una causa de supuesto enriquecimiento ilícito, una causa que se tramita desde hace años y en la cual siempre estuvo a derecho, es decir se presentó siempre que fue citado. Pero el Juez Lijo tomó la decisión de detenerlo –sin procesamiento, sin sentencia- pocos días después que el Juez fué denunciado por el Gobierno de Macri por supuestos retardos en causas de corrupción contra ex funcionarios kirchneristas.
Entonces Lijo, obediente al gobierno, le imputó a Boudou ser parte de una supuesta asociación ilícita para lavar dinero. Mandó a detenerlo y que le sacaran la foto en pijamas y descalzo, como le ordenó el gobierno de Macri. Y se paralizaron automáticamente las denuncias del gobierno contra Lijo.
Como el entorpecimiento de la investigación para encarcelar a un ex funcionario es un argumento insostenible, ya que dejó de ser funcionario y por ejemplo no tiene acceso alguno al ministerio u organismo donde se desempeñaba y a las pruebas que allí pudieran existir, los camaristas –para cumplir el deseo del gobierno- cambiaron el argumento para justificar la permanencia de Boudou en la cárcel: sostienen que es objeto de una investigación por hechos de corrupción y que está involucrado también en una “multiplicidad de causas”, que “se encuentran en pleno desarrollo con un considerable número de medidas probatorias” y que del “análisis armónico de los distintos expedientes” se deduce que existen “motivos suficientes para restringir su libertad”.
En esa “multiplicidad de causas” tampoco hay sentencia alguna. Pero había que cumplir la orden de Macri, y para eso que mejor que un fundamento nebuloso como el del incomprobable “análisis armónico de los distintos expedientes”.
De todos modos, los camaristas no cumplieron al pié de la letra las órdenes del gobierno. Si bien mantuvieron la prisión de Boudou y confirmaron a Lijo al frente de la causa, conscientes del avasallamiento de garantías constitucionales, pidieron a Lijo, es decir a Macri, “una posible morigeración del arresto”.
Y como el Camarista Ballesteros fue más allá, advirtiendo en la sentencia que por éste camino de persecución política, bastaría solo una denuncia para que cualquier funcionario -anterior o actual- termine en la cárcel, la respuesta del gobierno fue inmediata: la amenaza de denuncia ante el Consejo de la Magistratura para su destitución. Como hicieron hace pocos días con Freiler, otro Camarista de la misma Sala
Los Señores Jueces conocen sobradamente que el instituto de la prisión preventiva, es la medida de coerción más gravosa prevista en la normativa procesal y que por lo tanto, su aplicación debe ser de carácter excepcional.
Por ello, los Jueces saben que no habiendo sentencia condenatoria firme, solamente pueden ordenar detenciones si concurren presupuestos que hagan peligrar la eficacia del sistema tanto penal como procesal penal, sea por peligro de fuga o de entorpecimiento de la investigación, y saben que tanto en los casos de Boudou como el de De Vido, los argumentos utilizados para encarcelarlos sin sentencia son insostenibles.
La advertencia que hace Balleteros en su fallo, no la hace solo al gobierno de Macri que viola sistemáticamente garantías constitucionales y la división de poderes. La advertencia es también para los demás jueces, porque las consecuencias futuras para los magistrados pueden ser muy graves.
No hay comentarios:
Publicar un comentario