SOCIALISMO Y SEGURIDAD SOCIAL, UNA RELACIÓN CONFLICTIVA

Listo te van a decir que son 100 pesos que te los pagan con billetes del Estanciero

— La Corriente K (@lacorrientek) 16 de noviembre de 2017

Como era previsible y después de amagar con someter todo a la discusión de la Legislatura, Lifschitz terminó estampando su firma en el pacto fiscal con la nación por el cual se liquida la fórmula de movilidad de las jubilaciones aprobada en el gobierno de Cristina, y se desfinancia gravemente a la ANSES.

Excusas al socialismo para este tipo de agachadas nunca le faltan, pero lo curioso es que tienden a repetirse: ahora dicen que lo firmaron porque la nación se comprometió a definir antes del 31 de marzo del año que viene un monto y forma de pago de la deuda resultante del fallo de la Corte por el descuento de la parte de la coparticipación que iba justamente a la ANSES; cosa que en realidad -y conforme al propio fallo- debió haber estado finiquitada en marzo del 2016.

Desde entonces y hasta acá a Lifschitz y a su gobierno Macri los vinieron boludeando sistemáticamente, pese a lo cual levantaron las manos en el Congreso cada vez que se lo pidieron: para aprobar el acuerdo con los fondos buitres a cambio de la apertura de la canilla del endeudamiento, o para aprobar el blanqueo de capitales (y replicarlo en la provincia), con el compromiso de financiación del déficit de la Caja de Jubilaciones de la provincia, cosa que nunca ocurrió; y que ahora se reitera en este pacto que acaban de firmar.

Es sabido que para financiar el déficit de la Caja la nación exige “armonizar” los sistemas previsionales, lo que supone en la práctica adaptar el nivel de las jubilaciones que paga la provincia a las de ANSES (es decir, bajarlas en términos reales). Nada hace pensar que ahora Macri vaya a cambiar ese criterio cuando acaba de decir que la ANSES “no aguanta más”, y justamente la cláusula principal del pacto es tumbar el esquema de movilidad vigente, para que las jubilaciones aumenten menos.

Ese acuerdo del socialismo y del resto de la “oposición responsable” para bancar el blanqueo a cambio de la financiación de las cajas previsionales fue además la luz verde para que el gobierno de Macri avanzara en la reforma del sistema previsional nacional que ahora está encarando; del mismo modo que el juicio de Santa Fe y otra provincias contra la nación fue el puntapié inicial del desfinanciamiento de la ANSES que ahora esgrime Macri para ajustar jubilaciones, y dejar flotando en el aire la idea de volver -en todo o en parte- al esquema de las AFJP.

En efecto, sabido es que ningún sistema previsional del mundo (menos si es público, solidario y de reparto, como el nuestro) se sostiene exclusivamente con los aportes de los trabajadores y la contribución patronal, sino que a esos recursos se les añaden impuestos o parte de ellos, para poder pagar las prestaciones.

La retención del 15 % de la masa coparticipable (correspondiente al conjunto de las provincias, pero también a la nación) surgió de un pacto fiscal firmado en 1992, y ratificado por la Ley 24.130, que luego fue prorrogada en diciembre del 2005 por el gobierno de Néstor Kirchner a través de la Ley 26.078.

Una ley que -recordemos- Hermes Binner votó a favor siendo diputado nacional, lo que no le impidió en el 2008 siendo gobernador de la provincia, contratar en forma directa a los estudios de Gil Lavedra y Gabriel Rosenkrantz (sí, el actual juez de la Corte) para ir a reclamar ante la Corte Suprema nacional la inconstitucionalidad de la norma, y el fin de los descuentos; que es lo que se falló en noviembre de 2015 cuando terminaba el gobierno de Cristina.

Con esos fondos de la “precoparticipación” el kirchnerismo pudo solventar la primera moratoria previsional establecida por la Ley 25.994 (2005), y la segunda aprobada por el gobierno de Cristina en a través de la Ley 26.970 (2014) incluyendo a los autónomos, esta última sin el voto del socialismo; que al mismo tiempo trataba de retacearle recursos a la ANSES, y se ufanaba de pagar en Santa Fe el 82 % móvil a los jubilados provinciales.

Esto último requiere dos precisiones: de cada 100 jubilados que hay en la provincia (y que por ende viven, consumen y pagan impuestos acá) 87 son de la ANSES y los 13 restantes provinciales, y de los 87 de la ANSES, la mitad provienen de las moratorias. Y el famoso 82 % móvil (para los jubilados que sigan trabajando por lo menos cinco años más luego de alcanzar la edad para jubilarse) fue aprobado en el año 2005 por la Ley 12.464 durante el gobierno de Obeid, o sea que ellos no tienen mérito alguno al respecto.

Gracias a esos recursos que iban a la ANSES y que desde el fallo de la Corte promovido por el socialismo ya no van, también fue posible la Ley 26.417 (2008) de movilidad de los haberes jubilatorios, que el socialismo votó en contra “porque no garantizaba el 82 % móvil”, que luego fue extendida en 2015 por la Ley 27.160 al ajuste de los montos de la Asignación Universal por hijo (AUH), ahora con el voto favorable del socialismo que se rindió a la evidencia de que esa fórmula les permitía a los beneficios ganarle a la jubilación, y mejorar su poder adquisitivo. Sin embargo ahora presta su concurso para eliminarla, en perjuicio de los jubilados y beneficiarios de la AUH.

En el medio, cuando se sancionó la Ley 26.425 (2008) que recuperaba para el Estado el manejo de los fondos y activos de las AFJP el socialismo acompañó con su voto en general, pero votó en contra el artículo 8 que estableció el criterio de invertir los fondos en la economía real, para generar o sostener puestos de trabajo.

De ese artículo surgió por ejemplo en 2012 el Procrear (DNU 902) y antes, el préstamo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad a General Motors para desarrollar el modelo Agile en su planta de Alvear a las afueras de Rosario, creando 2200 puestos de trabajo. Sí, en esos momentos de crisis el Estado se preocupaba de generar o sostener puestos de trabajo, no como ahora que a las empresas en problemas les sueltan la mano y las invitan a “reconvertirse”.

Finalmente en el 2010 el socialismo fue parte del “Grupo A” que impulsó en el Congreso la ley que establecía el 82 % móvil y fue vetada por Cristina porque implica –esa sí- llevar a la quiebra a la ANSES; al disponer trasladar a todos los jubilados los criterios de ajuste de haberes de la Corte nacional en los fallos “Badaro” y “Eliff” afectando a esos fines los activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que a su vez no podían sumar más de un año y medio de jubilaciones y pensiones, según el proyecto.

Siete años después, los opositores irresponsables de entonces (entre ellos, el socialismo) son parte directa o indirecta del oficialismo ajustador de hoy, que dice que la ANSES “no aguanta más”, que la fórmula de movilidad hay que cambiarla “porque no es sustentable” y le van a sacar recursos a la ANSES bajando cargas patronales y eliminando la parte de Ganancias que le estaba destinada.

Los mismos que hace casi dos años votaron la “reparación histórica” que benefició a menos del 10 % de los jubilados, poniendo en riesgo al conjunto del sistema, y la Ley 27.260 del blanqueo de capitales, que derogó la Ley 27.181 sancionada durante el gobierno de Cristina para impedir la venta de las participaciones del Fondo de Garantía de la ANSES sin autorización especial del Congreso, con las dos terceras partes de los votos de los miembros presentes de cada Cámara.